En la madrugada del martes 17 de julio de 2012 Uruguay se convertía en el primer país de Sudamérica, y en el segundo de Latinoamérica -después de Cuba- en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional1. Tristemente, esa no es la realidad de la mayoría de países latinoamericanos2 en donde 3 de 4 abortos se practican de manera insegura,3 4 a pesar de declaraciones internacionales que instan “a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública” (Acá el documento completo firmado por 179 países en 1994 en El Cairo)
A esta altura resulta alarmante que algunos sectores sigan imponiendo sus creencias y sus valores morales con argumentos de índole filosófico y religioso. ¡Basta de hipocresía!: el aborto inseguro y la mortalidad materna son problemas de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.
Debatamos entonces, pero con evidencia.
Las cartas sobre la mesa: el modelo uruguayo como ejemplo y guía
L. Briozzo 5 describe y caracteriza tres etapas en la historia uruguaya con distintos marcos jurídico-políticos en materia de derechos sexuales que permiten comparar la evolución de la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos (y otro conjunto de indicadores sociales en los que no nos detendremos aquí) a la luz de estos cambios:
(1) 1990-2001: el aborto era ilegal. Estaba vigente la ley 9763 del año 19386, que incluía tres condiciones en que se permitía el aborto,
pero que no se cumplían. El sistema sanitario no sólo daba la espalda a las mujeres que se acercaban en busca de ayuda, sino que era cómplice de un sistema que denunciaba y estigmatizaba a las mujeres que decidían abortar. La educación sexual y reproductiva, así como el acceso a anticonceptivos, eran limitados. El aborto inseguro constituía la primera causa de mortalidad materna (%37) 7.
(2) 2001-2012: creación e implementación progresiva del modelo de reducción de riesgos y daños del aborto inseguro, denominado “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”. La iniciativa inicial, surgida a partir de un pequeño grupo de profesionales de la salud, fue escalando hasta construir el modelo de “aborto de menor riesgo” mediante el trabajo integral y comprometido de los equipos de salud y fue auspiciado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). El mismo incluyó: capacitación y sensibilización del personal de salud, acciones informativas y educativas para “usuarias” y para el ámbito académico y político, servicios de salud sexual y reproductiva (para una caracterización completa de la implementación y evolución del modelo recomiendo mucho este artículo: La implementación de la estrategia de reducción de riesgos y daños contra el aborto inseguro en el Uruguay: Desde un hospital universitario a todo el país). Se logra una reducción de la morbilidad y mortalidad materna asociada al aborto, una modificación en la conducta ético-profesional y avances en la promoción de derechos reproductivos e igualdad de género.
(3) 2012-2015: implementación de la ley de despenalización del aborto en todo el país. La ley se aplica a todas las mujeres uruguayas y a las extranjeras que tengan un año de residencia en el país. La interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en las primeras doce semanas de embarazo y se debe cumplir un procedimiento determinado (consulta con un equipo interdisciplinario, un período de reflexión de cinco días y la ratificación de la decisión tomada mediante consentimiento informado). Existen excepciones con los tiempos reglamentados para casos de violación, malformación del feto o riesgos para la salud de la madre. Se establece que se debe priorizar el uso de medicamentos (misoprostol-mifepristona) sobre el procedimiento quirúrgico. Esto último debido a la evidencia científica (93.3% de las usuarias no presentó complicaciones y las complicaciones existentes fueron leves), la experiencia ya adquirida en el país durante la implementación del modelo y las condiciones locales del sistema de salud. Además, se trata de una estrategia de bajo costo que requiere de una sencilla capacitación profesional. Se producen sólo dos muertes por abortos inseguros fuera del sistema de salud. La exitosa y rápida implementación se relaciona con el proceso desarrollado en el período anterior que preparó el terreno para la aceptación y sensibilización social y formó profesionales de la salud avocados a la protección y promoción de la salud de las mujeres, entre otras cosas. Además, en el período comprendido entre el 2016 y 2017 se ha registrado una disminución en la tasa de fecundidad adolescente8, mientras que la tasa de abortos realizados por adolescentes se mantuvo constante. Esto es el resultado de una política integral que pone énfasis en la educación sexual y reproductiva.
La experiencia uruguaya debe ser un faro para el resto de países que todavía se niegan a avanzar en los derechos de las mujeres. El aborto farmacológico tiene un costo muy por debajo del costo que implican las complicaciones por abortos clandestinos.
La barrera más potente la constituyen los tomadores de decisiones y sectores conservadores de la sociedad que anteponen otros intereses a los del conjunto de la población. Sin embargo, Uruguay nos demuestra que la organización y acción, aún en un marco de leyes restrictivas, pueden vencer por prepotencia de trabajo.
El artículo habla de la experiencia de Uruguay en la despenalización y gestión de los casos de abortos, y de cómo puede convertirse en un modelo para el resto de países que aún lo penalizan. Me ha llamado la atención el proceso que relata, se caracteriza principalmente por la graduación. Se establecieron escalas para llegar al fin último, el establecimiento de un sistema legal para abortar sin reacción sustancial de los sectores más conservadores y estáticos del país.
Las medidas implementadas a partir de 2001 a 2012 gradualmente se van adoptando apoyadas al primero por un grupo limitado, pero de forma sistemática, siendo un modelo de reducción de los riesgos y daños de Iniciativas Sanitarias.
Esto cambió, primero la percepción del problema, y luego la forma de actuar de los equipos de salud, y esto se trasladó a la sociedad en general a lo largo de estos once años. Esto permitió que la sociedad admitiera una Ley de Despenalización que de otra forma hubiera sido imposible.
Esto me hace pensar que la graduación en la aplicación de soluciones y el ir poniendo en la práctica soluciones limitadas, permite saltar a dar el paso final con éxito y que podría aplicarse este método a otras muchas otras medidas. Hay medidas para las que nosotros, como sociedad, no estamos preparados para asumir de forma repentina. Un increíble ejemplo el de Uruguay. ¡Muy buen artículo Tamara!
Thank you Tamara for writing on this critical topic. It is completely unacceptable that women today are still suffering and dying needlessly due to having to resort to unsafe abortions. Not only are countries who severely restrict or criminalize abortions ignoring the mountain of evidence provided by a plethora of respectable sources (including the WHO), they are, as you mentioned, directly infringing on human rights. Furthermore, it’s clear throughout the literature that the women who resort to unsafe abortions are often the poorest, thus worsening already present inequities in health (for which I’m sure these same countries would state they are committed to addressing… and yet!).
Coming myself from Canada, where there is in fact NO criminal law whatsoever around abortion practices, I can attest, and I’m sure the statistics would confirm, that women do no run amok practicing unsafe sex or having abortions any more than in countries which severely restrict or prohibit abortion. From what I have read and what you restated in your post, is that legalized abortion does not lead to more abortions, only to more healthy women.
Another interesting point to make about the state of abortions in South America is that with current technology and online networks, women are accessing information and resources from outside the continent. For example, I’ve read that many women are obtaining the drug misoprostol from online sources. It would be really interesting to find out how many women are in fact going down this route, and what impact this has had. As a nurse, I worry about the risk of poor quality drugs being purchased, adverse side effects, as well as the psycho-social impact of not having any type of professional accompaniment during the process.
Again, thank you Tamara for presenting this problem here, whilst providing a concrete example of how successful change has already been achieved in a neighbouring country. I hope that in light of Argentina’s disappointing turn of events in August, more Latin American women, as well as women from around the globe, will stand up in indignation and rally to support the access to safe abortions for all women, everywhere.
A propósito de tu post … Chile se ha movido (sin salir) de las listas deshonrosas.
Hay escasa información oficial sobre muertes por abortos, los estudios que hay están asociados a los servicios de obstetricia donde se caracteriza también el perfil de vulnerabilidad. Las mujeres fallecidas por aborto son más jóvenes que las fallecidas por otras causas, solteras y trabajadoras como empleadas del sector público o privado, con ingresos bajos o medio.
Como comentas mientras Uruguay nos da cátedra sobre el compromiso con la salud de sus mujeres y la gradualidad necesaria para la instalación de una política de salud publica, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo el 2012, Chile para esa época penalizaba con cárcel el aborto en cualquiera de sus formas.
Creo que siempre es importante mirar la historia de los procesos para entender como se tejieron…
• Por allá por año 1931, el Presidente Carlos Ibáñez promulga reformas al Código Sanitario reforzando el aborto terapéutico.
• En 1989 en la dictadura de Augusto Pinochet los miembros de la Junta de Gobierno (todos hombres) realizan la modificación nuevamente al código sanitario donde “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.” (Ley 18.826, 1989) y así permanecimos…
• Hasta el 2015 que se comienza a posicionar en la agenda legislativa el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales; hasta que el jueves 14 de septiembre del 2017, con la firma de la Presidenta Michelle Bachelet, se promulga la ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Chile, con este paso, se mueve de la lista de los seis estados en el mundo donde el aborto es penalizado en todos los escenarios. Solo queda El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano.
Sin embargo, el camino del proyecto hacia su aprobación fue muy largo y complejo. Además de la extensa discusión que atravesó en el Congreso, tuvo que enfrentar una fuerte discusión valórica dentro de la sociedad chilena, discusión que nos hizo muy bien como colectivo, donde la discusión pro-vida siempre fue en torno al feto, como si las mujeres que mueren por las complicaciones de un aborto clandestino no tuvieran vida… o primara una por sobre la otra…
Pero los obstáculos no terminaron aquí, luego de ser despachado por el Congreso, apareció la que pretendía ser la ultima traba : el paso por el Tribunal Constitucional que finalmente le dio luz verde al proyecto, ratificando las tres causales y ampliando la objeción de conciencia a las instituciones.
Finalmente decir que si bien es una avance … esto no soluciona la problemática y debemos seguir avanzando a una ley que permita el ejercicio de la voluntariedad a la hora de decidir.
Comparto contigo en que hay un fuerte componente de voluntad política y yo agregaría de la resistencia de los profesionales sanitarios y de la sociedad en general…
Estamos verdes…
Gracias por el proceso reflexivo!!