¿Cómo puede afectar esta pandemia a las infancias desfavorecidas?

RESEÑA

Por: Ainhoa Rodríguez, Olga Leralta y David Gómez

 

Las medidas sanitarias, políticas y económicas adoptadas en distintos países durante el estado de alarma para combatir la pandemia de COVID-19 han afectado a las familias y a la infancia en su conjunto. Ahora bien, se prevé que el confinamiento, el cierre de centros educativos, centros sociales, parques, espacios culturales, bibliotecas, empresas, la recesión económica consiguiente, etc., tengan un mayor impacto negativo en niños, niñas y adolescentes en situaciones de pobreza y/o con diversidad funcional, que suelen depender de servicios públicos de salud, protección o educación (United Nations, 2020). Estas circunstancias pueden generar un empeoramiento de la salud familiar, abandonos o separaciones familiares, un aumento de la pobreza, así como del maltrato infantil y/o de género (Goldman, van Ijzendoorn y Sonuga-Barke, 2020). Como en crisis precedentes, el aumento de la pobreza infantil se asocia con un incremento de menores que no tienen acceso a bienes materiales básicos, a una vivienda adecuada, alimentación equilibrada y a recursos para estudiar y participar en la vida social (Chzhen, 2014). Durante la epidemia de ébola en África occidental, junto con el cierre de centros educativos se registró un incremento de las cifras de trabajo infantil, de abusos sexuales, de embarazos adolescentes y de abandono definitivo de los estudios (The Lancet Child & Adolescent Health, 2020).

Las medidas tomadas durante la actual pandemia por COVID-19 parecen producir peores efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes en desventaja social o en situaciones de marginación (Fegert et al., 2020), lo que revela la necesidad de evaluar el impacto de estas políticas para estimar, con rigor, los riesgos y beneficios de cada medida tomada. Pese a la escasez de investigaciones publicadas sobre estas cuestiones, a fecha de hoy, hay algunos datos, procedimientos, recomendaciones y otras cuestiones sobre los que merece la pena reflexionar.

El cierre de las escuelas ha afectado a la educación del 80% de los niños y niñas del mundo, lo que supone, para quienes se encuentran en situación de pobreza, una reducción de las oportunidades de acceso a una alimentación medianamente saludable e incluso un riesgo para su seguridad alimentaria (Van Lancker y Parolin, 2020). La pérdida de ingresos y el empobrecimiento de nuevas familias en el contexto de pandemia exige una rápida identificación de necesidades, así como una eficaz coordinación de servicios sociales, sanitarios, ONG, centros educativos, sociedad civil, etc., para poder garantizar una alimentación adecuada a niños y niñas que antes de la pandemia no eran beneficiarios de programas de garantía alimentaria.

Las consecuencias de la brecha digital en la infancia resultan más evidentes en tiempos de confinamiento y de predominancia del aprendizaje online. Casi la mitad del mundo no tiene acceso a Internet (Brown, 2020, 25 marzo). En países como Afganistán, con importantes desigualdades de género en educación, altas tasas de analfabetismo y donde solo 1 de cada 7 personas tiene acceso a Internet, las niñas son las principales perjudicadas por la pandemia (Barr, 2020). El 5% de los niños y niñas de la Unión Europea no cuentan con un lugar adecuado para hacer las tareas domésticas y el 7% carece de acceso a Internet (Van Lancker y Parolin, 2020). En España 1 de cada 5 menores de 18 años no cuenta con un ordenador para hacer los deberes (Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, 2020) y una tercera parte del alumnado de etnia gitana no ha podido realizar las tareas escolares durante la cuarentena, ya que la mayoría de los centros educativos han optado por una metodología online (FSG, 2020). Junto con el alumnado de familias desfavorecidas, niñas, niños y adolescentes con discapacidad son quienes menos se han beneficiado de la enseñanza a distancia (UN, 2020).

Para que la Escuela siga actuando como espacio corrector de desigualdades en la infancia, es imprescindible capacitar a las familias de modo que apoyen los procesos de aprendizaje del alumnado más vulnerable (Brossard et al., 2020). Los poderes públicos deben intervenir también para paliar el previsible aumento de la tasa de abandono escolar y prestar atención a los efectos negativos asociados a la digitalización de la enseñanza. En general, los recursos online se han considerado una buena alternativa para la protección, formación y diversión de niñas y niños en situación de confinamiento. Ahora bien, es posible que, en este contexto de hiperconexión, se vean más expuestos al ciberacoso y a otros riesgos asociados a Internet (End Violence Against Children, 2020). Así, a finales de marzo de 2020, se ha registrado un aumento del consumo y del interés por la pornografía infantil en España (Europol, 2020).

 

Figura 1. Impacto socio-ecológico de la COVID-19 en la infancia y adolescencia

Fuente: The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2019)

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En distintas partes del mundo, como medida de protección frente a los contagios, se ha optado por el cierre de centros residenciales para menores de edad. Esto ha conllevado la desinstitucionalización de emergencia de muchos niños y niñas. Goldman, van Ijzendoorn y Sonuga-Barke (2020) ponen el foco en los riesgos de esta reubicación familiar apresurada: aumento de situaciones de estrés emocional, problemas de salud y falta de educación, mayor riesgo de abusos e incluso de trata. Por parte de las instituciones y entidades responsables es fundamental que se mantengan los registros y sistemas de monitorización de estos niños y niñas, aunque sea de manera telefónica o virtual. Estos autores apuestan por fortalecer a las familias y comunidades para prevenir situaciones de desamparo y también para promover la desinstitucionalización de la infancia después de la pandemia, impulsando las oportunidades de reintegración familiar, de acogimiento familiar, kafalas u otros modelos de cuidado (Goldman, van Ijzendoorn y Sonuga-Barke, 2020); aunque muchos hogares no son lugares seguros. Diversos estudios alertan del incremento de la violencia de género, doméstica o intrafamiliar sobre mujeres y niñas o niños en periodos de crisis y desastres medioambientales (Bradbury-Jones, 2020; Serrata y Hurtado, 2019). Otros apuntan a una reducción del maltrato infantil por negligencia cuando aumentan los ingresos (Berger et al., 2017) o disminuye el desempleo (De Cao y Sandner, 2020). Aquellos niños y niñas que viven en hogares donde se producen episodios de violencia, la pérdida de ingresos derivada del confinamiento, el aislamiento, el estrés y la ansiedad puede incrementar las posibilidades de presenciar o padecer abusos físicos, psicológicos o sexuales en el hogar. Así se recoge en la declaración “Violencia contra los niños: Una crisis oculta vinculada a la pandemia por COVID-19”, firmada por representantes de UNICEF, OMS y otras organizaciones internacionales, que identifican como especialmente vulnerables a la explotación laboral, el matrimonio prematuro y la trata en el contexto de pandemia a niñas y niños refugiados, migrantes, privados de libertad, en situación de calle, con diversidad funcional o en zonas de conflicto.

A pesar del cierre de fronteras durante la pandemia, y pese a las recomendaciones de organismos internacionales (EUPHA, 2020; IOM, 2020) de mantener el principio de no devolución y la evacuación de las personas retenidas en centros de detención o de internamiento de extranjeros (IOM, 2020, marzo 31), muchos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados siguen sufriendo encierros y deportaciones forzadas desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo (UNICEF, 2020). Las escasas reubicaciones de menores no acompañados desde campos de refugiados de Grecia hacia países como Luxemburgo o Alemania son insuficientes dado el número de niños y niñas que se encuentran en condiciones insalubres y de hacinamiento en dichos campamentos (European Resettlement Network, 2020). En España, Save the Children ha habilitado Helpline (900 90 75 23) un servicio telefónico y online de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares durante la pandemia.

En el mundo se estima que hay encerrados casi un millón y medio de niños, niñas y adolescentes, 330.000 en centros de detención para migrantes (Nowak, 2020). La privación de libertad está asociada a condiciones de salud deficientes, aunque no esté claro que sea la causa principal, ya que muchos de estos niños y niñas han vivido situaciones de marginación y cuentan con problemas de salud preexistentes (Asamblea General de Naciones Unidas, 2019, 11 julio). En un contexto de pandemia por COVID-19 resulta aún más preocupante su contención y confinamiento en espacios que, en muchos casos, no permiten garantizar la distancia de seguridad, condiciones de higiene adecuadas, atención sanitaria, etc.

Las situaciones de pobreza suponen para niñas, niños y adolescentes, desventajas sociales en aspectos que van más allá de lo económico y que repercuten en la salud, en la educación, en la seguridad, en la supervivencia, etc. (Rodríguez, 2020). Las Naciones Unidas alertan de los efectos perniciosos de la pandemia en niñas y niños que ya partían de una situación de desventaja social y de las consecuencias de aplazar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations, 2020). Frenarlos o revertirlos requiere de una buena coordinación entre agentes socioeconómicos y administraciones públicas para atender a la infancia en situación de pobreza o vulnerabilidad social e implementar políticas que mitiguen los efectos perniciosos a corto, medio y largo plazo de esta pandemia.

 


Referencias

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