Los derechos de la infancia durante el confinamiento

RESEÑA

Por: Berta Ruiz, David Gómez y Ainhoa Rodríguez

 

En 2019, se celebró el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño (CDN)  recordando sus  principios rectores: no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y derecho a la participación infantil. La CDN persigue fundamentalmente garantizar el bienestar y desarrollo de la infancia; así lo vemos en sus 54 artículos donde hace un recorrido por todos esos aspectos indispensables para mantener una calidad de vida razonable como un derecho fundamental. Se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante, en el que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos. Hay que decir al respecto, que, aunque han sido grandes los logros alcanzados, aún queda mucho por hacer.

En el contexto actual de crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por la covid-19, se ha puesto a prueba la fortaleza de todo este entramado jurídico. Mientras ha durado la declaración del estado de alarma en nuestro país, los derechos de NNA se han visto especialmente mermados.

El Comité de los Derechos del Niño, órgano evaluador independiente encargado del seguimiento en los estados, parte de la aplicación de medidas y políticas que salvaguarden los derechos de NNA (art. 43 de la CDN), ha alertado de los graves efectos físicos, psicológicos y emocionales que puede tener la pandemia en población infantil y adolescente (1).

Si hacemos un repaso a los distintos documentos normativos desarrollados durante la pandemia, podemos comprobar cómo, por encima de todo eso, ha primado una visión adultocéntrica (2,3) de la infancia y adolescencia. Esta visión asistencialista ha impedido que entrase en juego el Enfoque de Derechos, como un modelo que dirige su mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, considerándolos sujetos de derechos activos con competencias suficientes para incidir en su entorno, poniendo el foco en su capacidad de opinar sobre todas las cosas que les afectan.

A continuación, centraremos nuestra reflexión sobre los efectos de las medidas sanitarias y políticas en cinco grandes derechos: protección, salud, educación, juego y participación.

Si hablamos del derecho a la protección tenemos dos posibles escenarios, los NNA del sistema de protección de menores que viven en régimen de acogimiento residencial o aquellos que, aun conviviendo en el seno familiar, necesitan protección ante malos tratos estableciendo medidas preventivas y de tratamiento (Art.19). El Comité de Derechos del Niño ya alerta sobre las consecuencias que puede tener periodos de confinamiento en el incremento de la exposición de niños y niñas a una mayor violencia física y psicológica, ya sea en primera persona o como espectadores, e insta a los estados a desarrollar medidas de refuerzo para los sistemas de prevención (información, medidas de ayuda urgente, etc.).

En España, desde el inicio del confinamiento, parecen haber aumentado los casos de malos tratos a la infancia en porcentajes preocupantes. La fundación ANAR, ha atendido desde el inicio de la declaración del estado de alarma hasta junio un total de 11.682 peticiones de ayuda, 270 tan solo entre el 23 y el 30 de marzo. En marzo el volumen de llamadas relacionadas con violencia hacia un menor de edad se situaba en un 36,1% incrementándose hasta un 52% en junio, siendo la principal causa la violencia física dentro del seno familiar (12,7%), seguida de los malos tratos psicológicos (6,9%). También se destaca la especial gravedad de los casos de abuso sexual (3,5%) (4). Las recomendaciones y medidas que se han implantado en este sentido han ido encaminadas a preservar la continuidad de los servicios que ya se venían prestando y a facilitar la atención, con recursos económicos y humanos (5). No obstante, es necesario que las distintas administraciones estén preparadas para dar respuestas inmediatas a problemas específicos que puedan ir surgiendo. Por ejemplo, se ha tenido que regular la atención inmediata y medidas de protección a aquellos niños y niñas cuyos padres, madres o tutores han enfermado y no tienen la posibilidad de ser cuidados por otros familiares. En el caso de Andalucía, en el Decreto Ley 6/2020 de medidas extraordinarias y urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus se especifica que serán Centros Públicos de Protección de Menores los encargados de esta atención.

Asimismo, es necesario proteger a la población infantil y adolescente en situaciones de vulnerabilidad, bien por cuestiones económicas o personas con discapacidad (Art.23). Debemos garantizar las condiciones de vida de NNA, especialmente fortaleciendo los programas de reparto de comida y productos de primera necesidad, así como las ayudas económicas familiares o garantizar los suministros básicos en la vivienda. A este respecto, se han ido estableciendo medidas encaminadas a la protección de la familia y, por tanto, de manera subsidiaria a los niños y niñas. En esta batería de medidas se han garantizado los suministros (luz, agua, etc.), se han paralizado los desahucios y se ha dado continuidad a las ayudas de comedor. En Andalucía, en concreto, se ha garantizado el servicio de desayuno, almuerzo y merienda del alumnado que ya se encontraba en el Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, con la contratación de un servicio específico. Una de las medidas que ha celebrado el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil como una de las más eficaces para combatir la pobreza infantil ha sido la aprobación del ingreso mínimo vital.

Uno de los derechos que quizás más impacto haya tenido durante el confinamiento precisamente ha sido el derecho a la educación (Art.28,29). El cierre de las escuelas decretado al inicio del estado de alarma, ha aumentado las desigualdades referidas a oportunidades de aprendizaje y apoyo o refuerzo escolar entre la población infantil y adolescente. La necesidad del aprendizaje online ha puesto de manifiesto, por ejemplo, las brechas digitales, no todos los hogares contaban con dispositivos electrónicos y conexión a Internet, limitando las oportunidades de aprendizaje de aquellos grupos más vulnerables (6,7). En este sentido, pocas han sido las iniciativas incluidas en los sucesivos decretos. En Andalucía, desde la Consejería de Educación se ha realizado un reparto de tablets y tarjetas SIM entre el alumnado de las zonas más desfavorecidas. A esta iniciativa, se han sumado otras tantas desarrolladas desde el ámbito municipal más encaminadas a intentar reducir esa brecha socioeconómica.

 

En cuanto al derecho a la salud (artículos 24 a 26), el Comité de los de los derechos del Niño, expone la necesidad de reforzar la provisión de servicios básicos de atención médica así como fortalecer la atención a niños y niñas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Una consecuencia directa en la salud física de NNA ha sido el posible incremento de la obesidad y sobrepeso. La Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) estima un incremento medio cercano al 5% en el peso de la población infantil y adolescente tras el confinamiento. En ello han tenido que ver tanto la disminución de una ingesta calórica adecuada, determinada en gran medida por la crisis económica que ha golpeado en hogares más desfavorecidos y el cierre de comedores escolares, como el incremento del sedentarismo debido a una interrupción de las actividades físicas (escolares y extraescolares). En este sentido las administraciones han destinado ayudas económicas (tarjetas monedero, vales en supermercados, etc.) y en especie (catering a domicilio, recogida de menús, etc.). El Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil redactó recomendaciones para garantizar el derecho a una alimentación saludable teniendo en cuenta la calidad nutricional.

En cuanto al cuidado de la salud mental, diversas organizaciones se han encargado de recordar la importancia de la protección de la misma. Tal es el caso de UNICEF en su informe sobre salud mental e infancia donde promueve la importancia de garantizar el derecho a la salud mental (UNICEF, 2020b). En España, en 2017, 1 de cada 100 niños tenía un problema de salud mental (8). Posiblemente esta cifra crezca como consecuencia de la situación que estamos viviendo. Ejemplo de ello lo vemos en los informes de la Fundación ANAR (2020), un 24,2% de las llamadas al teléfono de ayuda son relativas a problemas psicológicos: ansiedad (8,4%), autolesiones (4,4%), depresión, tristeza (3,9%), trastornos de la alimentación (1,8%), etc. (Fundación ANAR, 2020).

 

 

Muy relacionado con el anterior, se encuentra el derecho al juego y tiempo libre (Art.31), por las consecuencias directas que tiene para la salud de niñas y niños. El hecho de no poder salir a la calle como consecuencia del confinamiento impuesto por el Gobierno, para garantizar el derecho a la salud, ha colisionado frontalmente con este derecho. Sí se tuvieron en cuenta los efectos que el aislamiento podían tener en niños y niñas con algún tipo de discapacidad, y se introdujo en las medidas iniciales la posibilidad de dar un paseo terapéutico acompañados por una persona adulta.

Países como Francia, Bélgica, Suiza, Austria o Inglaterra siguieron las recomendaciones de la OMS al respecto. Una hora al día de actividad física al aire libre permitiendo en un principio la salida de niños y niñas con todas las garantías higiénico-sanitarias para dar paseos con una persona adulta a cargo. Italia y España se han sumado más tarde a este tipo de medidas, que fueron principalmente promovidas desde Colegios de Psicólogos, la Asociación Española de Pediatría y ONGs como Save The Children, y que impulsaron el cambio de perspectiva flexibilizando las salidas controladas, acompañados por un único progenitor, durante un tiempo limitado y en un área cercana a su domicilio. Además, manteniendo la distancia de seguridad recomendada y sin poder acceder a parques infantiles.

Los derechos relacionados con la participación infantil y adolescente (Art.17) han sido los menos practicados en ámbitos institucionales. En Andalucía, sí se ha mantenido este movimiento gracias a los Consejos Locales de Infancia, que han seguido realizando sus reuniones en formato online y han aportado sus ideas y sus inquietudes y preocupaciones ante la situación que estamos viviendo, realizando recomendaciones y aportando medidas en la política municipal. La red Ciudades Amigas de la Infancia ha sido un claro ejemplo de adaptación al nuevo contexto.

En definitiva, y partiendo del hecho de que la infancia no es un grupo compacto y que existen múltiples infancias, para muchos niños y niñas el aislamiento se ha convertido en un factor que ha multiplicado vulnerabilidades. Ante situaciones tan excepcionales como ésta, cobra más importancia, si cabe, el papel que desarrollan los entes públicos. Las oportunidades de mejorar las acciones para garantizar respuestas legislativas, tal y como propone UNICEF en su informe «Oportunidades de acción para que los gobiernos locales apoyen a la infancia y sus familias durante la pandemia del nuevo coronavirus»  es fundamental, y un buen principio sería abandonar esta actitud asistencialista que impregna las políticas que tienen como principales beneficiarios a la población infantil y adolescentes. Heike Freire aporta una reflexión a tener en cuenta “Hagamos de nuestro país un lugar donde las infancias cuenten, donde tener hijos, ser padre o madre no sea una labor heroica, y privatizada, donde toda la población nos volquemos en los cuidados» (9).

En este sentido, las y los profesionales que trabajamos con infancia, además de seguir trabajando para instaurar un Enfoque de Derechos tenemos la obligación de colaborar con las personas menores de edad para integrar esta vivencia a sus vidas, y extraer de ella enseñanzas positivas y oportunidades de mejora en el cuidado de sus derechos.


Referencias

  1. Comité de los Derechos del Niño. Declaración sobre el grave efecto físico, emocional  y  psicológico  de  la  pandemia  COVID-19  en los  niños y niñas. 2020.
  2. Gaitán L. Ser niño en el siglo XXI. Cuad Pedagog. 2010;407.
  3. Lay Lisboa SL, Serrano Montañés M. Las representaciones sociales del mundo adulto sobre la infancia y la participación infantil. Salud Soc. 2013;4(3):304-3016.
  4. Fundación ANAR. Fundación ANAR – Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo [Internet]. 2020 [citado 19 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.anar.org/fundacion-anar-preve-76-ninos-adolescentes-contacto-anar-durante-confinamiento-problemas-psicologicos-desescalada/
  5. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Documento técnico de recomendaciones de actuación desde el sistema público de protección a la infancia y a la adolescencia ante la crisis por COVID-19. 2020.
  6. Save The Children. COVID-19: cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada. 2020.
  7. UNICEF. La educación frente al COVID-19. Propuestas para impulsar el derecho a la educación durante la emergencia. Madrid; 2020.
  8. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, INE. Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (ENSE 2017). 2017.
  9. Freire H. CoronaInfancias. Los derechos de los niños y niñas en tiempos de crisis [Internet]. Heike Freire. 2020. Disponible en: https://www.heikefreire.com/2020/03/coronainfancias-2.html

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