RESEÑA
Por: José Martinez Olmos
La alerta sanitaria internacional por la pandemia causada por el COVID-19 procedente de China, genera una obligación a todos los gobiernos del mundo para articular una respuesta preventiva y asistencial de enorme magnitud.
En este caso, no se recuerda fácilmente una situación con los enormes impactos sociales y económicos como los que la gestión del COVID-19 nos está mostrando a nivel mundial.
Las alertas pandémicas del tipo de la causada por el COVID-19 conllevan de manera inevitable la necesidad de gestionar la incertidumbre.
La incertidumbre es una característica propia de la aparición de una nueva enfermedad causada por un nuevo microorganismo que ha mutado al pasar de animal a la especie humana y del que, en las primeras etapas de su contagio, se desconocen muchas de las características clínicas, inmunitarias y epidemiológicas.
Esto implica medir cuidadosamente las respuestas para evitar articular una excesiva movilización de recursos sanitarios o una excesiva limitación de la movilidad y las libertades de la ciudadanía o de las relaciones comerciales o del funcionamiento de las empresas. También, hay que evitar que las respuestas sean insuficientes y que ello condiciones daños evitables en la salud, en la vida social y en la economía.
Este es el nudo gordiano en el que se centran y centrarán en el futuro los análisis sobre el momento adecuado de las intervenciones de confinamiento y sobre la intensidad del mismo porque esta es una cuestión clave en la gestión de este tipo de alertas.
La mejor forma de actuar para acercarse lo más posible al punto de equilibrio es responder con medidas que cumplan, al menos, con 4 criterios:
a) Por una parte, criterios basados en las evidencias científicas (que pueden cambiar a medida que se conocen más aspectos del nuevo coronavirus).
b) En segundo lugar, articular medidas que tengan el respaldo de las organizaciones profesionales y científicas y los organismos internacionales (OMS, ECDC, EMA, etc.).
c) En tercer lugar, decidir acciones con el consenso unánime de las autoridades sanitarias internacionales, nacionales y autonómicas.
d) Y en cuarto lugar, asegurar una transparencia absoluta en la comunicación de la información sobre la situación, para que se haga posible que no quede ninguna pregunta sin respuesta.
A pesar de ello, aún cumpliendo con todos esos requisitos, nadie puede garantizar que al analizar de forma retrospectiva la gestión de las crisis sanitarias no se vayan a encontrar áreas de mejora en relación a las decisiones adoptadas.
Este es uno de los mayores desafíos en la gestión de las alertas de salud pública de esta naturaleza. La gestión está sujeta a escrutinio público y a evaluación para tratar de perfilar las mejores prácticas que puedan aplicarse en futuras alertas que, previsiblemente, tendremos que afrontar en cualquier momento.
Y será necesario analizar las experiencias aplicadas en las alertas “recientes” a nivel internacional: SARS, Gripe A, Ébola y otras similares. Aunque el COVID-19 es sin duda el asunto más impactante al que nos hemos enfrentado por sus efectos en la salud y por los relevantes daños en la economía mundial.
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