En todo este proceso, la Escuela Andaluza de Salud Pública llegó a realizar informes que demostraban «la patologización» a la que se sometía a las personas trans en los circuitos médicos y tras un arduo debate político-sanitario, en el que incluso se consultó al Comité de Bioética para el caso de los menores, al final el texto fue aprobado por unanimidad.
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