La actual emergencia sanitaria– COVID19 – ha puesto en evidencia (más aún) la desigualdad en la atención a la salud de la población migrante. La existencia de barreras, como las culturales, que dificultan el adecuado acceso a la información sobre prevención de enfermedades y a la utilización de los servicios sanitarios se ha visto incrementada en la situación de pandemia, debido al desconocimiento que muchos/as tienen con respecto a los servicios sanitarios, a la situación de irregularidad administrativa y a la falta de adaptación cultural de los mensajes y acciones que se han venido desarrollando desde atención primaria.
Como apunta López-Fernández (2017), la Carta de Ottawa es otro campo de acción «la reorientación de los servicios de salud», que busca dar una mayor integración en la entrega de servicios y establecer puentes con otros sectores para el logro de sus resultados.
Imagen propiedad de la Asociación vecinal de Almendrales
Diversidad de las comunidades
Este tejer puentes con otros sectores es poner de manifiesto que la promoción de la salud debe considerar la diversidad de las comunidades que conviven en un mismo contexto como elemento esencial a la hora de abordar las acciones de prevención y mitigación de los riesgos, y prestar atención a la salud atendiendo a la barrera idiomática, los condicionantes de vida, los comportamientos y conductas ligados a una religión, las tradiciones, el tipo de alimentación u otros códigos que forman parte de la concepción de la salud.
Esas diferencias que marcan el carácter pluricultural de un lugar no pueden evitarse, ni deben, pues marcan las causas de la morbimortalidad en, por ejemplo, una situación como la emergencia sanitaria. Hablamos de factores desencadenantes de inequidades sociales como la situación económica, geográfica, étnica o de género. La falta de atención a estos determinantes sociales, entre otros, han generado desigualdades sanitarias como el caso del distrito de Usera, en Madrid, con un 25,5% de población migrante, y con un alto porcentaje de contagios y muertes.
Y no es casual, pues estamos hablando de un distrito en donde las condiciones socioeconómicas son bajas, dónde familias extensas viven en un piso pequeño, con bajas rentas y recursos escasos, entre otros factores.
Estas causas que aquí se nombran, no tuvieron la fuerza suficiente para evitar imponer un confinamiento basado en la segregación de clase en el distrito de Usera, que generó más desconfianza, miedo, incertidumbre, soledad, saturación de los centros de salud y una plantilla sanitaria que temblaba porque apenas cubrían el 50% de su trabajo. A toda esta vorágine, se sumó la falta de atención de la calidad, que no fue posible adaptarla a las necesidades de las diferentes titularidades de derechos debido a una carencia de los recursos sociosanitarios.
Esta segregación de clase, muy alejada de la Carta de Ottawa o los postulados propios de la OMS dejó claro, a quienes criticaban esta medida, la urgencia de actuar en base a los derechos y principios fundamentales, y alejarse de ideologías que ponen en peligro la salud de las personas. Por ello, la puesta en marcha de un plan local, de barrio, en la mejora de la salud debe integrar por ejemplo, en los servicios de atención primaria, figuras profesionales como la mediación, traducción-interpretación, agentes comunitarios y promotores/as de salud, así como fomentar la contratación de profesionales procedentes de otras culturas. Sin esta base, la Salud Pública amenaza con desestructurarse, como así ha sido.
Un reto sanitario, político y educativo
Sin duda vivimos en un mundo global, y por tanto el ejercicio de poner en práctica la salud intercultural también es un reto político y educativo. El trabajo en red y la atención comunitaria deben ser clave en la promoción de la salud, para, como apunta Javier Gallego, ofrecer calidad en términos de coherencia, valores, pertinencia y adaptación al contexto o la aplicación de una metodología basada en la evidencia. Una metodología que precisa de la participación de la antropología, orientada a trabajar para y con la comunidad, en donde la atención en salud se nutra del conjunto de determinantes sociales, necesarios todos ellos para operar en el marco de una estructura inclusiva, de optimización de acciones y recursos, y generando un contexto en donde nadie sea excluido por su cultura o traje identitario.
Y, en esa escena inclusiva, una de las representaciones fundamentales debe ser la del gobierno, que apueste por políticas públicas sanitarias que vayan en consonancia con esta forma de mirar y entender la promoción de la salud, que no es otra que la de garantizar la calidad de los cuidados a partir del conocimiento cultural.
Por Maje Girona Magraner