El desarrollo de la coordinación de servicios sociales y sanitarios se fundamenta en un modelo universal, orientado a facilitar la realización del proyecto vital de cada persona, contando con su entorno más próximo1. Este modelo determina que el sujeto y protagonista de la acción es la persona y su entorno de convivencia, y que esta persona puede ser susceptible o no de necesitar apoyos para la realización de su proyecto de vida. Cuando la persona se ve afectada por una adversidad debe contar con la capacidad operativa de otros apoyos y recursos que se encuentran en su entorno, no solo de los servicios que se prestan desde el sector público2.
Necesidades de atención social y sanitaria coordinada se pueden encontrar en personas con enfermedades crónicas complejas, personas en situación terminal que requieren cuidados paliativos, personas con trastorno mental grave, personas con problemas de adicciones, personas con gran discapacidad física y/o intelectual, personas mayores frágiles, personas en situación de dependencia transitoria (al alta hospitalaria) o permanente, que además tengan necesidades de atención social por ausencia o fragilidad de la red social y/o familiar.
La coordinación de servicios sociales y sanitarios debe contribuir especialmente a: la prevención y atención de condiciones de salud que pueden deteriorar la situación social; la prevención y atención de las condiciones sociales que pueden deteriorar la salud; la prevención y atención de las situaciones de dependencia y fragilidad, así como la potenciación de las capacidades personales y sociales para alcanzar el bienestar y afrontar la vida cotidiana, con independencia de la edad o la discapacidad2, 3.
Los servicios públicos deben mantener un papel esencialmente de apoyo, decisivo en determinadas situaciones, pero no siempre determinante. Es necesario explorar la red de apoyo, sabiendo que, en ocasiones, esta es casi inexistente o deficitaria, incluso, a veces, forma parte de la misma situación de adversidad. Son precisamente estos casos, los de mayor vulnerabilidad, los que determinan la prioridad de la intervención de los servicios públicos.