Las respuestas de los gobiernos a la pandemia de la COVID-19 generaron una nueva ola de desigualdades sociales para las comunidades de todo el mundo que vivían en circunstancias injustas (1). Los confinamientos y las medidas sanitarias pasaron por alto las condiciones de vivienda, las transiciones a la escolarización virtual, ignorando los hogares y las familias sin las infraestructuras tecnológicas y habilidades para acceder a la educación, así como la disponibilidad de un remanente económico pasó por alto el empleo informal. Las experiencias de varias comunidades en todo el mundo, desde comunidades racializadas/étnicas, personas sin hogar, migrantes, ancianos hasta poblaciones jóvenes, no se reflejaron en el conocimiento que orientó las respuestas del Gobierno; de hecho, sus experiencias fueron silenciadas involuntariamente (2). A consecuencia de todo ello, fue necesario generar alianzas con las comunidades que vivían en condiciones de vulnerabilidad y que soportaban la gran carga de la pandemia, para garantizar así que sus voces se incluyeran en las políticas
y prácticas de Salud Pública.