El pasado 26 de junio, en el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, estuvimos hablando en Almería, en Roquetas sobre coordinación interinstitucional para mejorar el abordaje de las drogodependencias. Esta charla se produce en un entorno de que «Aumentar el castigo a las personas con problemas de adicciones por delitos como robos y hurtos, sólo contribuirá a dificultarles el acceso a terapias alternativas a la cárcel»
Leemos que en ese día, numerosas organizaciones sociales y ciudadanas que trabajan en el ámbito de las drogodependencias y los servicios sociales han promovido una campaña para reivindicar a los gobiernos una política de drogas no represiva que apueste por los derechos humanos. La campaña lanzada con el eslogan ‘Apoye, no castigue’ , aboga por crear conciencia sobre los daños causados por la criminalización de las personas que usan drogas. La campaña apuesta por cambios en las leyes y las políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños, y promover el respeto por los derechos humanos de las personas que usan drogas.
Muchas asociaciones de todo el mundo como nuestra admirada Federación Andaluza Enlace, compuesta por 108 entidades, se han sumado a esta campaña internacional centrando sus reivindicaciones en los efectos negativos que puede tener para las personas con problemas de drogodependencias la reforma del Código Penal, a punto de ser aprobada por las cámaras legislativas. Reclama que se escuche y tenga en cuenta su opinión a la hora de encontrar soluciones eficaces y apuestan por las «alternativas a la prisión de contenido resocializador, por su rentabilidad social, al evitar la reincidencia, y su rentabilidad económica, al implicar menores costes».
Muchas asociaciones de todo el mundo como nuestra admirada Federación Andaluza Enlace, compuesta por 108 entidades, se han sumado a esta campaña internacional centrando sus reivindicaciones en los efectos negativos que puede tener para las personas con problemas de drogodependencias la reforma del Código Penal, a punto de ser aprobada por las cámaras legislativas. Reclama que se escuche y tenga en cuenta su opinión a la hora de encontrar soluciones eficaces y apuestan por las «alternativas a la prisión de contenido resocializador, por su rentabilidad social, al evitar la reincidencia, y su rentabilidad económica, al implicar menores costes».
Las penas y medidas alternativas a la prisión están dando buenos resultados, por ello, el Código Penal no necesita modificaciones que vengan a restringir la normativa vigente, que permite, entre otros, la suspensión de la pena para personas drogodependientes que han finalizado con éxito el proceso y se han rehabilitado.
Lo ideal sería que se flexibilizaran las medidas ya existentes y se incorporaran otras que son bien conocidas en países de nuestro entorno y acumulan buenos resultados. Además, internar a una persona en un centro de deshabituación no debe exceder el plazo de dos años, con una posible prórroga de 12 meses más, en caso de ser estrictamente necesario.
Por otro lado, es muy importante que se introduzca la figura de la mediación, junto a la de reparación del daño.